Lo único sensato es que el Gobierno, la Concertación y la Alianza se propongan buscar un acuerdo para construir y enfrentar las soluciones que requiere el Transantiago. Esta situación se ha transformado en un desafío y una prueba de fuego mayor para la política chilena y, en cierto sentido, también en una obligación para quienes desde distintas perspectivas conducen el país. La decisión sobre el financiamiento del plan de transportes no puede transformarse en el punto de quiebre de la sensatez de nuestras élites, y menos de manera enteramente exagerada e incomprensible y al modo de un espejismo, en el nudo del que desenlazan la respuesta a todos los dilemas electorales del Chile del futuro.
La oposición tiene derecho a requerir de parte del Gobierno y del ministro de Transportes un minucioso y detallado informe del modo en que se están resolviendo los distintos problemas del Transantiago. De hecho, el ministro Cortázar ha concurrido en los últimos meses habitualmente al Parlamento para informar de los avances y progresos de los distintos aspectos del proyecto. Es legítimo que la oposición pueda encontrar insatisfactorias las respuestas de la autoridad y requerir más detalles y energía en las soluciones. Su rol le exige instar por más claridad en los resultados de largo plazo del plan. Todo eso está bien, pero de ninguna manera puede tirar el mantel y dejar así, sin recursos, una actividad crítica para cinco millones de santiaguinos. Eso no conduce a ninguna parte. Sólo a perjudicar a una gran cantidad de chilenos.
A su vez, el Gobierno no debe entrar en el juego de abandonar o rechazar la lógica del diálogo y validar de esa forma y por omisión la estrategia de los más duros en la Alianza. El camino de la negociación con los senadores “independientes” es negativo para el país, pues, además de incierto en su resultado, introduce distorsiones significativas en la representatividad de los actores políticos, y por cierto alienta soluciones populistas para la realidad reconocidamente difícil de las muchas regiones, cuestión que no se resuelve con parches ni maquillajes, sino que con el trabajo duro y de largo plazo del Gobierno con los ciudadanos de zonas extremas.
Si un aspecto interesante impuso la realidad del Transantiago a la tecnocracia chilensis, es que lo que era válido en todo el planeta, que los sistemas modernos de transportes son subsidiados por el Estado, es algo también necesario en Chile. Lo que cabe ahora es que a cambio del subsidio se consiga transporte de calidad, seguro; con cobertura, regularidad y frecuencias adecuadas. Y por cierto, es obvio que esto no tiene por qué ser el patrimonio de la Región Metropolitana, sino que debe ser una realidad vital en todo el país. Y no sólo el subsidio público, sino que también el servicio de alto estándar.
Si no hay un acuerdo de Estado en esta materia, será imposible asumir en serio el control de la evasión y volver a una realidad donde la tarifa sea un componente esencial y dinámico del financiamiento. Las señales que envían los grupos dirigentes son claves para estimular buenas o malas prácticas de las personas. Es más difícil pedir a los ciudadanos de a pie actuar con probidad si no ven tirando la cuerda para el mismo lado a los que están a cargo del país.
Pero, más allá del asunto específico en cuestión, el debate de las próximas dos semanas en el Senado dejará instalada la temperatura ambiente para otros debates nacionales urgentes: Educación e innovación, gobierno corporativo de Codelco, reforma del Estado, todos temas acuciantes en los que el arco de las visiones es significativamente más amplio. Y si lo que importa es el futuro, he allí otro motivo más para buscar el acuerdo y no la estéril confrontación.
por RICARDO SOLARI
